La Asamblea Nacional tiene como mandato constitucional y de conformidad con la Ley de la Función Legislativa, fiscalizar los actos de la Función Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, así como otros órganos de poder público, lo que significa velar y controlar que todas las acciones públicas estén enmarcadas en la Constitución y las leyes. La fiscalización también alcanza al escrutinio de la actuación de cualquier funcionario público, o sobre actos de interés ciudadano que hayan generado conmoción social o crisis política. 

Una democracia madura no debe entender a la fiscalización como un ejercicio de persecución política; sino como el seguimiento a la correcta aplicación de los principios constitucionales y de las normas legales vigentes.

La ley no responde a las necesidades sociales sin una correcta y oportuna aplicación. Es fundamental institucionalizar los mecanismos de seguimiento y vigilancia de la ley, con énfasis en la generación de normativa secundaria, complementaria y reglamentaria, que garantice su utilidad ciudadana.

Naturalmente, también se debe fiscalizar de manera cabal las faltas de honradez y transparencia en el manejo de la cosa pública.

Con estas premisas, en relación de la gestión de fiscalización, hemos creado una agenda legislativa denominada Alas de Libertad, misma que fue elaborada tomando como base la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres.